PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

PÁG. 16

San Francisco de Campeche,

Cam., Diciembre 3 de 2020

numerales 1090, 1092 y 1093 del Código de Comercio. 

Así tenemos que este Tribunal es competente para 

conocer del presente asunto por razón del grado, materia 

y  territorio  resultando  aplicable  al  caso  específico,  la 

Jurisprudencia de la Décima Época, T.C.C.; S.J.F. y su 

Gaceta; Libro XVI, Enero de 2013, tomo 3; Pág. 1774, 

que es del rubro y tenor siguiente: 

“COMPETENCIA. SU ANÁLISIS DEBE EFECTUARSE 

PREVIO AL DE PROCEDENCIA DE LA VÍA. Previo 

al análisis de procedencia de la vía de un asunto, la 

autoridad que conozca del juicio debe analizar si es 

competente para conocer de la materia pues de no 

serlo, debe abstenerse de llevar a cabo declaración 

alguna respecto de la procedencia o no del juicio sino 

que en observancia de lo dispuesto en los artículos 17 

constitucional y 25 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, conocida como el “Pacto de San 

José de Costa Rica” de la que México forma parte así 

como de los principios pro actione (derecho a ser oído 

por un Juez), iura novit curia (el Juez conoce el derecho) 

y  effet  utile  (principio  de  efectividad),  debe  efectuar  la 

interpretación más eficaz por virtud de la cual determine 

la autoridad legalmente competente para conocer de la 

controversia a fin de remitírselo y con ello, garantizar una 

tutela judicial efectiva al gobernado a través de prácticas 

judiciales que resulten pertinentes y necesarias para 

cumplir con los aludidos principios.”- 

II.- Seguidamente, se procede al estudio de la vía en la 

que se planteó el presente asunto, para lo cual tenemos 

que la promovente instó por la VÍA ORAL MERCANTIL 

reclamando el pago de la cantidad de $37,777.74 (SON: 

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 

SIETE PESOS 74/100 M.N) y siendo que el Transitorio 

Tercero del Decreto de fecha veintiocho de marzo de 

dos mil dieciocho por el que se reforman los artículos 

Transitorios Segundo; primer párrafo del artículo tercero; 

primer párrafo del artículo cuarto, y artículo quinto; se 

adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 

segundo transitorio del “Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, 

en materia de Juicios Orales Mercantiles, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017”, 

dispone que a partir del veintiséis de enero de dos mil 

veinte se tramitarán en Juicio Oral Mercantil todos los 

asuntos sin limitación de cuantía, sin que se de tomen en 

consideración intereses y demás accesorios reclamados 

a la fecha de interposición de la demanda, es que resulta 

procedente la vía en la que se tramita el presente asunto, 

para lo anterior también es aplicable al caso el criterio 

emitido por nuestro Máximo Tribunal Federal, consultable 

con los siguientes datos: Novena época, Instancia: 

Primera Sala, Fuente: Seminario Judicial de Federación 

y su gaceta, Localización: Tomo XXI, abril dos mil cinco, 

materia (s): común, tesis: 1 a -j25-205, página 576, del 

rubro y tenor siguiente: 

“PROCEDENCIA DE LA VIA. ES UN PRESUPUESTO 

PROCESAL QUE DEBE ESTUDIARSE DE OFICIO 

ANTES DE RESOLVER EL FONDO DE LA CUESTION 

PLANTEADA. El derecho a la tutela jurisdiccional 

establecido por el artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos no es ilimitado, sino 

que está restringido por diversas condiciones y plazos 

utilizados para garantizar la seguridad jurídica. Así, las 

leyes procesales determinan cual es la vía en que debe 

intentarse cada acción, por lo cual, la prosecución de 

un juicio en la forma establecida por aquellas tiene el 

carácter de presupuesto procesal que debe atenderse 

previamente a la decisión de fondo, porque el análisis 

de las acciones solo puede llevarse a efecto si el juicio, 

en la vía escogida por el actor, es procedente, pues 

de no serlo, el Juez estaría impedido para resolver 

sobre las acciones planteadas. Por ello, el estudio 

de la procedencia del juicio, al ser una cuestión de 

orden  público  debe  analizarse  de  oficio  por  que  la  ley 

expresamente ordena, el procedimiento en que debe 

tramitarse las diversas controversias, sin permitirse a 

los particulares adoptar diversas formas de juicio salvo 

las excepciones señaladas en la ley. En consecuencia, 

aunque exista un auto que admita la demanda y la 

vía propuesta por la parte solicitante, sin que la parte 

demandada, la hubiere impugnado mediante el recurso 

correspondiente o a través de una excepción, ello no 

implica que, por el supuesto consentimiento de los 

gobernados la vía establecida por el legislador no deba 

tomarse en cuenta. Por lo tanto el juzgador estudiará 

de oficio dicho presupuesto, porque de otra manera se 

vulneraría las garantía de legalidad y seguridad jurídica 

establecidas en el artículo 147 constitucional, de acuerdo 

con las cuales, nadie puede ser privado de la vida, de la 

libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, 

sin no mediante juicio seguido ante los Tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumpla las 

formalidades esenciales del procedimiento. Luego 

entonces, el juzgado, en aras de garantizar la seguridad 

jurídica de la partes en el proceso, debe asegurar siempre 

de que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la 

procedente, en cualquier momento de la contienda, 

incluso en el momento de dictar la sentencia definitiva, 

por  lo  que  debe  realizar  de  manera  oficiosa  el  estudio 

de la procedencia de la vía, aun cuando las partes no la 

hubieran impugnado previamente.- 

3).- Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 1390 bis, 1390 bis 2, 1390 

bis 11, 1390 bis 13, 1390 bis 14 del Código de Comercio 

y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se admite el trámite de la presente demanda 

en la VÍA ORAL MERCANTIL, en ejercicio de la acción 

de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE CRÉDITO 

DE HABILITACIÓN O AVIO GARANTÍA PRENDARIA.- 

4).-  Se  tiene  por  presentado  al  Licenciado  JORGE 

ALBERTO GONZÁLEZ MORALES, quien se ostenta 

como Apoderado Limitado para Pleitos y Cobranzas 

FONDO CAMPECHE, para lo cual anexa a su escrito de 

referencia  copia  certificada  del  testimonio  de  escritura