PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE BIENESTAR

2PROGRAMA Nacional de Juventud 2021-2024

PROGRAMA Nacional de Juventud 2021-2024.

Programa Nacional de Juventud 2021-2024
Instituto Mexicano de la Juventud
PROGRAMA ESPECIAL DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024
1.- Índice
1.- Índice 2.- Fundamento normativo de elaboración del programa 3.- Siglas y acrónimos 4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa 5.- Análisis del estado actual 6.- Objetivos prioritarios 6.1.- Relevancia del objetivo prioritario 1: Promover la participación de las personas jóvenes en los asuntos públicos para incidir en el proyecto de nación. 6.2.- Relevancia del objetivo prioritario 2: Disminuir la discriminación entre y hacia las juventudes para impulsar su inclusión e igualdad efectiva de oportunidades. 6.3.- Relevancia del Objetivo prioritario 3: Promover el derecho de las personas jóvenes a una vida en paz y libre de violencia para posibilitar el pleno desarrollo de su proyecto de vida. 6.4.- Relevancia del objetivo prioritario 4: Promover el ejercicio de los derechos sociales de las personas jóvenes como condición para alcanzar su bienestar. 6.5.- Relevancia del objetivo prioritario 5: Facilitar los procesos de emancipación y construcción de autonomía de las personas jóvenes para fortalecer la continuidad de su curso de vida. 6.6.- Relevancia del objetivo prioritario 6: Promover la generación de entornos adecuados y habitables, aptos para el desarrollo integral de las personas jóvenes. 7.- Estrategias prioritarias y acciones puntuales 8.- Metas para el bienestar y Parámetros 9.- Epílogo: Visión hacia el futuro 10.- Lista de dependencias y entidades participantes 2.- Fundamento normativo de elaboración del programa
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), artículo 26, apartado A, establece que el Estado deberá organizar, como parte de la rectoría del proyecto nacional, "un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación".(1) Atendiendo el mandato constitucional, la planeación nacional debe ser democrática y deliberativa, como medio para garantizar el desempeño eficaz de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva intercultural y de género, buscando la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la CPEUM. Con base en los principios de igualdad de derechos entre las personas, la no discriminación, la atención de las necesidades básicas de la población y el mejoramiento de la calidad de la vida en todos sus aspectos, el sistema de planeación debe encaminarse a alcanzar una sociedad más igualitaria, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la población, así como la garantía de pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la CPEUM y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Según se señala en el artículo 3o. de La Ley de Planeación, la planeación nacional fijará objetivos, metas, estrategias y prioridades, así como criterios basados en estudios de factibilidad cultural, asignando recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, coordinando acciones y evaluando resultados. En ese sentido, es responsabilidad del Ejecutivo Federal conducir la planeación nacional del desarrollo con la participación democrática de la sociedad, materializada en el Plan Nacional de Desarrollo. Corresponde al Instituto Mexicano de la Juventud la elaboración y coordinación del Programa Especial(2) denominado "Programa Nacional de Juventud 2021-2024" en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, cuyo artículo 3, fracción II, mandata "definir e instrumentar una política nacional de juventud, que permita incorporar plenamente a las personas jóvenes al desarrollo del país". Asimismo, el artículo 4 de la LIMJ, fracción I, confiere al IMJUVE la atribución de "...Elaborar el Programa Nacional de Juventud que tendrá por objeto orientar la política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación..."(3). En atención al marco normativo referido y las obligaciones que de él se derivan, el IMJUVE ha sido responsable de coordinar la publicación, ejecución y seguimiento del PROJUVENTUD, documento rector que contiene los objetivos, estrategias prioritarias y acciones puntuales que deberán observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para la definición e instrumentación de la política nacional de juventud. Con lo anterior, el PROJUVENTUD fungirá como hoja de ruta y plataforma de articulación de las distintas funciones, facultades y atribuciones del Estado Mexicano en materia de juventud hacia la garantía de ejercicio pleno de derechos para todas las personas jóvenes en el país. Por su estructura, el progresivo cumplimiento de los objetivos y metas que conforman el PROJUVENTUD robustecerá las estrategias de apoyo y fortalecimiento al ejercicio los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales contenidos en la CPEUM, entre los que destacan: ·   "Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección... ...Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular menoscabar los derechos y libertades de las personas." ·   "Artículo 2.- ...La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades..." ·   "Artículo 3.- Toda persona tiene derecho a la educación... ... El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos..." ·   "Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia... ... Toda persona tiene derecho a la protección de la salud... ...Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar... ...Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa... ...Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales... ...Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte..." ·   "Artículo 6.- Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet..." ·   "Artículo 9.- No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito..." ·   "Artículo 123.- Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley..." Adicionalmente, el PROJUVENTUD contribuirá, a través de la articulación de esfuerzos institucionales para la integración de una política nacional de juventud, con el cumplimiento de diversos acuerdos y tratados internacionales de los que México forma parte, entre los que destacan: ·   Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica". ·   Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador". ·   Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. ·   Convenio constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. ·   Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Belém do Pará". ·   Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos civiles a la Mujer. ·   Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. ·   Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. ·   Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. ·   Convenio Internacional del Trabajo (Núm. 100) relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor. ·   Convenio Internacional (Núm. 111) relativo a la Discriminación en materia de Empleo y Ocupación. ·   Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ·   Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. ·   Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ·   Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición. 3.- Siglas y acrónimos
AGRICULTURA: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural APF: Administración Pública Federal AVG: Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres BIENESTAR: Secretaría de Bienestar CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CFE: Comisión Federal de Electricidad CIIT: Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec CNBV: Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda CONAPRED: Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte CONADIC: Comisión Nacional contra las Adicciones CONADIS: Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad   CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONAFE: Consejo Nacional de Fomento Educativo CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad CONAGUA: Comisión Nacional del Agua CONAFOR: Comisión Nacional Forestal CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social CONSAR: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos CULTURA: Secretaría de Cultura DIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia ECOPRED: Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia ENADIS: Encuesta Nacional sobre Discriminación ENDIREH: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares ENDUTIH: Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENSANUT: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo INAES: Instituto Nacional de la Economía Social INALI: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas INAPAM: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores INE: Instituto Nacional Electoral INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres INM: Instituto Nacional de Migración INPI: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INSP: Instituto Nacional de Salud Pública IMJUVE: Instituto Mexicano de la Juventud IPN: Instituto Politécnico Nacional ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado LGBTTTIQ: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexual, Queer, etcétera LIMJ: Ley del Instituto Mexicano de la Juventud MMP: Medición Multidimensional de la Pobreza MODECULT: Módulo sobre Eventos Culturales seleccionados NEET: Not in Employment, Education or Training ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible PEA: Población Económicamente Activa PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación   PND: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 PROJUVENTUD: Programa Nacional de Juventud 2021-2024 RNPED: Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas SE: Secretaría de Economía SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional SEGALMEX: Seguridad Alimentaria Mexicana SEGOB: Secretaría de Gobernación SENER: Secretaría de Energía SEMAR: Secretaría de Marina SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEP: Secretaría de Educación Pública SE-SIPINNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes SG-CONAPO: Secretaría General del Consejo Nacional de Población SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SSA: Secretaría de Salud SSPC: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana 4.- Origen de los recursos para la instrumentación del Programa
La totalidad de las acciones que se consideran en este Programa, incluyendo aquellas correspondientes a sus Objetivos Prioritarios, Estrategias prioritarias y Acciones puntuales, así como las labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones y el seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto participantes en el Programa, mientras éste tenga vigencia. 5.- Análisis del estado actual
En México, se considera como personas jóvenes a aquellas que se encuentran en el rango de edad comprendido entre 12 y 29 años, esto de acuerdo con el artículo 2 de la LIMJ.(4) Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, 2020) estiman que las personas jóvenes en México ascienden a 37.8 millones, cifra que representa el 30% del total de la población a nivel nacional. De ellos, el 49.8% son hombres y el 50.2% son mujeres. La entidad federativa en donde habita el mayor número de personas jóvenes es el Estado de México, con 5.1 millones, mientras que Colima es el estado que registra menor población joven, con poco más de 214 mil.(5) Gráfica 1. Población joven (12-29 años) en México por entidad federativa, 2020
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI, Censo de Población y Vivienda 2020
Las personas jóvenes en México se desenvuelven en realidades muy distintas, influenciadas por las especificidades económicas y socioculturales de cada región geográfica, con importantes diferencias entre los estados del país. Esta situación se vuelve aún más compleja si se considera que al interior de cada región geográfica las personas jóvenes afrontan múltiples adversidades marcadas por su lugar de residencia, las relaciones de poder dominantes en sus entornos cotidianos o el poder adquisitivo de los hogares de los que forman parte. Estos elementos, entre otros más, configuran las aspiraciones y posibilidades del proyecto de vida de las personas jóvenes. Además, durante su trayectoria de vida, las personas jóvenes atraviesan procesos estratégicos de sociabilidad que son determinantes en la definición de su persona, lo que a menudo las lleva a identificarse e integrarse con colectivos de jóvenes con ideales y valores afines. En este abundante mosaico de realidades, trayectorias e identidades aparece el término de "juventudes", con el objetivo de reconocer que las identidades y demandas de los grupos juveniles no son homogéneas y, por el contrario, son fundamentalmente diversas. Lo anterior supone importantes desafíos para los gobiernos en el diseño de políticas públicas capaces de responder eficazmente a las problemáticas que afectan a las personas jóvenes. Conviene subrayar que, al tratarse de problemas públicos que obstaculizan el ejercicio pleno de sus derechos, la formulación debe centrarse en el reconocimiento de su personalidad como sujetos de derechos, mientras que, cuando se trata de problemas públicos que afectan de forma colectiva a los grupos juveniles, el diseño debe privilegiar la comprensión integral de las juventudes. Pensar en políticas públicas para y por las personas jóvenes requiere reconocer cómo sus necesidades cambian, se acumulan y profundizan a lo largo de su vida, condicionando su ejercicio de derechos y el pleno desarrollo de las transiciones de su trayecto biográfico. Por ejemplo, de los 12 a 17 años, las acciones gubernamentales dirigidas a personas jóvenes adolescentes deben garantizar su derecho a la salud (sexual, reproductiva, mental y alimenticia) y a recibir una educación pública de calidad, pues en esta etapa se incrementa la probabilidad de que ocurran eventos trascendentales como el primer consumo de alcohol, tabaco y drogas, el inicio de la vida sexual, embarazos no planificados, trastornos alimenticios (bulimia, anorexia, obesidad) y enfermedades psicosociales como la depresión, entre otros. Por otro lado, las personas jóvenes de 18 a 29 años requieren de políticas públicas orientadas a su inserción en actividades económicas y emancipación de sus hogares de origen, en el marco de la definición de un proyecto de vida personal. Por estas razones, el PROJUVENTUD buscó identificar las problemáticas más importantes que aquejan a las personas jóvenes en México, considerando su expresión en el plano individual y colectivo, así como su diversidad en función de las especificidades generadas a partir de los rangos etarios, ubicación geográfica, condición económica y sociocultural, y orientación sexual. Para su definición, el Instituto Mexicano de la Juventud celebró los foros República Joven e implementó la Consulta Nacional de Juventudes 2019, instrumentos de participación ciudadana que buscaron conocer de viva voz las necesidades y problemáticas que viven las personas jóvenes en cada rincón de la nación, asegurando su inclusión en la identificación de vías de solución a las problemáticas prioritarias que afectan a la población. La principal problemática que actualmente enfrentan las personas jóvenes en México consiste en los grandes obstáculos que enfrentan para el ejercicio pleno de sus derechos contenidos en la CPEUM y los Tratados Internacionales de los que México forma parte. Prueba de ello es que, de acuerdo con la MMP realizada por el CONEVAL, en el año 2018, 16,196,064 de las personas jóvenes estaban en situación de pobreza multidimensional,(6) lo que constituye el 42.4% de la población joven total. Asimismo, las brechas de desigualdad que enfrentan las personas jóvenes, motivadas por razones de género, pertenencia étnica, edad, origen socioeconómico, discapacidad, entre otras, se han profundizado, vedando a grandes colectivos sociales de oportunidades suficientes para alcanzar su bienestar. En este tenor, las personas jóvenes, en su calidad de grupo históricamente discriminado(7), enfrentan condiciones cada vez más agudas de pobreza, violencia y exclusión sistemática. El pacto social, político y económico alcanzado en la posrevolución y materializado en el orden constitucional de 1917 fue degradándose paulatinamente en las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. En el plano social, los efectos sobre la vida de las personas jóvenes se manifestaron en la profundización de las brechas de desigualdad etaria, el ascenso de la discriminación motivada por ser joven y la generación de nuevos entornos de exclusión social y precariedad. Los prejuicios y estigmas hacia las personas jóvenes se convirtieron, durante administraciones pasadas, en política de Estado. El ímpetu juvenil figuró más como amenaza al régimen que por su potencial estratégico en la definición del proyecto de nación. Se les asumió como potenciales delincuentes, rebeldes y subversores del sistema, al tiempo de catalogarlos como ninis -refiriéndose a quienes no estudian ni trabajan-, sin considerar que una situación así es sólo resultado del fracaso del Estado para garantizar la existencia de un sistema escolar de calidad y el acceso a espacios laborales con condiciones dignas. En términos políticos, el panorama tampoco ha sido alentador. Los espacios institucionales destinados a la participación de las personas jóvenes se han caracterizado por tener tintes clientelares, sin efecto real en la toma de decisiones ni en la vida pública de sus comunidades. Los esfuerzos más destacados en la materia se inscriben en el circuito social, cuya organización ocurrió bajo la estricta vigilancia gubernamental, con el sesgo propio de prenociones tutelares y contenciosas. Por otra parte, la apertura comercial al exterior no se acompañó del fortalecimiento del mercado interno ni de la garantía de condiciones laborales dignas, lo que supuso una acelerada pauperización colectiva. Si bien, las últimas décadas se han caracterizado por la pujanza del bono demográfico, esta fortaleza poblacional nunca fue acompañada de medidas estructurales que impulsaran su desarrollo. En este contexto, las problemáticas de las personas jóvenes y juventudes arreciaron por la falta de políticas públicas adecuadas y suficientes para atender las especificidades de este grupo poblacional. La carencia de instrumentos y programas diseñados desde un enfoque de atención diferenciada ha menoscabado el ejercicio de sus derechos, orillándolos a contextos de participación restringida en los asuntos públicos, supervivencia en entornos violentos o inseguros e incertidumbre sobre las condiciones en que desarrollarán su proyecto de vida -principalmente considerando el menoscabo de oportunidades educativas y laborales-. En suma, la ausencia de un Estado consciente de las vulnerabilidades y necesidades específicas de las personas jóvenes y juventudes privó a muchas de ellas del bienestar. Los obstáculos para vivir en bienestar han resultado ser aún más severos contra quienes, además de ser jóvenes, poseen características que suponen condiciones sociales adversas y/o forman parte de grupos históricamente excluidos. Atender la interseccionalidad de desigualdades que aquejan a las juventudes, así como la naturaleza estructural de sus causas, supone una obligación inaplazable para el Estado mexicano. Ser mujer, pertenecer a una comunidad o pueblo indígena o afromexicano, de la comunidad LGBTTTIQ+ o tener alguna discapacidad, nunca más deberán fungir como criterios para excluir del bienestar a las personas jóvenes y juventudes. A partir de lo anterior, enseguida se abordan las seis principales causas o problemáticas que generan que las personas jóvenes en México enfrenten diversos obstáculos para el adecuado ejercicio de sus derechos contenidos en la CPEUM y en los Tratados Internacionales de los que México forma parte. El primer problema que busca atender el PROJUVENTUD es la reducida participación de las personas jóvenes en los asuntos públicos, motivada por la insuficiencia de espacios de incidencia de las juventudes en los procesos de toma de decisiones, así como la falta de reconocimiento a su labor como motor de cambio en los diversos ámbitos de la vida pública. En el pasado, la manifestación de las ideas, así como las libertades de asociación y reunión, derechos civiles consagrados en el marco jurídico nacional, enfrentaron severas restricciones e incluso fueron motivo de persecución. Las personas jóvenes, como grupo crítico al autoritarismo del régimen, sufrieron la represión en carne propia. La memoria histórica de 1968 y 1971 obliga al Estado a garantizar condiciones institucionales para que nunca más se criminalice la protesta. Sólo actuando con estricto apego al estado de derecho, privilegiando el respeto de los derechos humanos y la cultura del diálogo, será posible transitar hacia una sociedad donde Democracia signifique el poder del pueblo. A su vez, este objetivo guarda correspondencia con el ODS 5: "Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas", específicamente en su estrategia 5.5, dedicada a asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. (8) El segundo problema identificado en el PROJUVENTUD consiste en la vigencia de prácticas de discriminación contra personas jóvenes, manifiesta especialmente en el sostenimiento de políticas públicas y prácticas institucionales que no reflejan ni reconocen las especificidades de las personas jóvenes y juventudes. Si bien éstas son consideradas como un grupo históricamente discriminado, aún se requiere comprender cómo esta discriminación se agudiza por factores como la apariencia física y la condición socioeconómica, la orientación sexual, expresiones de género y posicionamientos políticos y actuar para erradicarla. En este tenor, disminuir la discriminación hacia las personas jóvenes y juventudes será una de las rutas fundamentales para no dejar a nadie atrás, ni dejar a nadie fuera. Este objetivo guarda correspondencia con el ODS 10: "Reducir la desigualdad en y entre los países", específicamente en su meta 10.2, la cual establece la obligación entre los Estados miembros de potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. El tercer problema considerado en el PROJUVENTUD es la elevada proporción de personas jóvenes y juventudes inmersas en contextos de violencia e inseguridad. La ola de violencia que se vive en nuestro país ha encontrado en la precarización de la vida de las personas jóvenes un espacio dónde germinar, apoyándose tanto del reclutamiento de miles de jóvenes a las filas del crimen organizado, como en el rápido incremento del número de víctimas jóvenes por delitos de alto impacto. La expansión de la pobreza y la falta de acceso a oportunidades entre las personas jóvenes y juventudes han terminado por volcar su potencial hacia actividades ilícitas, al tiempo que ha acentuado su vulnerabilidad. Episodios de violencia motivados por razones de género se han vuelto una cotidianidad inaceptable que lesiona la dignidad de las mujeres jóvenes. Frente a este panorama, se debe trazar un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que destine esfuerzos en restar la base social a la criminalidad, con la premisa de que no puede haber paz sin justicia. Por su parte, este objetivo guarda correspondencia con el ODS 16: "Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas", específicamente en su meta 16.1, dedicada a reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. En cuarto lugar, el PROJUVENTUD da cuenta de la urgencia de garantizar el ejercicio de derechos sociales y goce del bienestar para las personas jóvenes. Tras décadas de políticas sociales insuficientes e inadecuadas, marcadas por una profunda visión clientelar y adultocéntrica, hoy el Gobierno de México asume la obligación de garantizar condiciones de bienestar que reduzcan las brechas de desigualdad y permitan a cada joven desarrollar libremente su proyecto de vida. Así, la noción de bienestar trasciende la condición individual y se torna en un fin colectivo. A través de una nueva política social que incluye programas prioritarios como Becas para el Bienestar Benito Juárez,(9) Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Salud para el Bienestar, entre otros, se busca generar condiciones de bienestar que beneficien principalmente a quienes han sido históricamente excluidos y abandonados, con la convicción de que el desarrollo no tiene porqué ser contrario a la justicia social.(10) Por su amplitud, este objetivo se relaciona con el ODS 3: "Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades", así como el ODS 4: "Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos". Asimismo, se alinea con las metas 3.5, dedicada a fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol; 3.7, que subraya el compromiso de garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales, y 4.5, que señala la importancia de eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. El quinto desafío estratégico que identifica el PROJUVENTUD son las barreras a las que se enfrentan las personas jóvenes cuando deciden iniciar su proceso de emancipación. En este sentido, la precarización del trabajo alentada por el modelo neoliberal trajo consigo el resquebrajamiento de los mecanismos de protección de la seguridad social, sometiendo a las personas jóvenes a un panorama de incertidumbre respecto a sus aspiraciones de estabilidad económica y conformación de un patrimonio. Además, la falta de apoyos para emprender, innovar e introducirse con éxito a los mercados, así como el limitado acceso a créditos y apoyos para la compra, construcción o arrendamiento de una vivienda propia son deudas institucionales que obstruyen las vías que tienen las personas jóvenes para la consolidación de un proyecto de vida independiente. Por ello, garantizar condiciones para la emancipación juvenil implicará el desarrollo de acciones afirmativas capaces de reconocer en su bienestar un requisito fundamental del desarrollo económico de la nación, en el entendido que el mercado no sustituye al Estado(11). Este objetivo guarda relación con el ODS 8: "Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenido, el empleo y el trabajo decente para todos", específicamente en su meta 8.6, que refiere que a 2020, debe reducirse considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. La sexta problemática identificada por el PROJUVENTUD se halla en la carencia a lo largo del territorio nacional de entornos dignos, adecuados y sostenibles para las personas jóvenes y juventudes, propios para albergar los procesos para su desarrollo integral. Para ello se buscará desarrollar una nueva conciencia de las responsabilidades medioambientales colectivas, que haga partícipe a las personas jóvenes a través de su curso vital de acciones para mitigar el cambio climático. Al mismo tiempo, se impulsará la generación de nuevos entornos urbanos que garanticen, en armonía con el medio ambiente, el uso y disfrute de espacios públicos, el derecho a la movilidad de calidad y el acceso a Internet y aprovechamiento de las TIC para todas las juventudes. Por su naturaleza, este objetivo se alinea con los planteamientos desarrollados por el ODS 11: "Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles"; así como el ODS 13: "Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos". Especialmente, se relacionan con la meta 11.3, que señala la importancia de aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países; y la meta 13.3, que convoca a las naciones a mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. En suma, las problemáticas antes expuestas dan cuenta de una barrera histórica que ha vedado a las personas jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos, particularmente a quienes forman parte de los grupos y comunidades más desposeídas e históricamente discriminadas. Es por todo esto que el nuevo Gobierno de México, a través del IMJUVE, se ha decidido a construir un cuadro más complejo y menos lineal que permita la comprensión integral de las diversas realidades juveniles. Un enfoque que trascienda la concepción tradicional de la juventud para en su lugar aprender a reconocer a las personas jóvenes como sujetos de derecho con agencia y capacidad creativa no sólo de sus propias culturas, sino del curso de la transformación nacional. Esto conllevará dejar de evaluar a las personas jóvenes exclusivamente a partir del ideal adulto y en cambio desarrollar acciones que respondan a su naturaleza heterogénea y multidimensional, que reconozcan como las desigualdades se entrelazan, acumulan y articulan a lo largo del curso de vida y que, por tanto, respondan efectivamente a los retos vinculados a las transiciones de la juventud como espacios estratégicos de la reproducción de la desigualdad social. La existencia de una inversión inédita en materia de juventud, así como la implementación de programas prioritarios como Jóvenes Construyendo el Futuro, la creación de 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez, Sembrando Vida, Programa Nacional de Becas para el Bienestar, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, el Programa de Mejoramiento Urbano, entre muchos otros, dan prueba del compromiso irrenunciable que ha asumido la Cuarta Transformación de la vida pública de México en favor de la inclusión social, el máximo bienestar y pleno ejercicio de derechos de las personas jóvenes. 6.- Objetivos prioritarios
  Los objetivos prioritarios del PROJUVENTUD representan las prioridades de atención establecidas por el IMJUVE, a partir de la identificación de la diversidad de problemáticas que aquejan a las personas jóvenes y juventudes en México, para conformar la política nacional de juventud en la APF durante el ciclo 2021-2024. Las estrategias prioritarias del PROJUVENTUD establecen los conjuntos de intervenciones de política pública que serán desplegados por las Dependencias y Entidades de la APF para lograr los Objetivos Prioritarios planteados. Las acciones puntuales del PROJUVENTUD representan las tareas específicas que cada una de las Dependencias y Entidades de la APF deberán instrumentar a lo largo del periodo 2021-2024 para la materialización de las estrategias prioritarias. Derivado de los diversos ejercicios de planeación democrática instrumentados por el IMJUVE en el marco de la elaboración del PROJUVENTUD, se identificó que las problemáticas que presentan las personas jóvenes y juventudes en México y que se deben atender con mayor prioridad versan sobre su participación en los asuntos públicos, la discriminación y falta de inclusión de la que son objeto, su inmersión en entornos de violencia, las barreras que enfrentan para el ejercicio de sus derechos sociales y su posibilidad de emancipación, así como la generación de entornos adecuados para su pleno desarrollo. En ese sentido, se plantean los siguientes objetivos prioritarios:
Objetivos prioritarios del Programa Nacional de Juventud 2021-2024
1.- Promover la participación de las personas jóvenes en los asuntos públicos para incidir en el proyecto de nación.
2.- Disminuir la discriminación entre y hacia las juventudes para impulsar su inclusión e igualdad efectiva de oportunidades.
3.- Promover el derecho de las personas jóvenes a una vida en paz y libre de violencia para posibilitar el pleno desarrollo de su proyecto de vida.
4.- Promover el ejercicio de los derechos sociales de las personas jóvenes como condición para alcanzar su bienestar.
5.- Facilitar los procesos de emancipación y construcción de autonomía de las personas jóvenes para fortalecer la continuidad de su curso de vida.
6.- Promover la generación de entornos adecuados y habitables, aptos para el desarrollo integral de las personas jóvenes.
  6.1.- Relevancia del objetivo prioritario 1: Promover la participación de las personas jóvenes en los asuntos públicos para incidir en el proyecto de nación. Para efectos del PROJUVENTUD, por participación de las personas jóvenes se entiende al ejercicio activo de formar parte de las discusiones públicas sobre aquellos temas o problemáticas que son de preocupación común para las personas que habitan en un entorno determinado. Por lo anterior, la participación de las personas jóvenes no debe limitarse solamente al ámbito electoral y político, sino que debe considerar su incidencia sustantiva en los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos de interés colectivo. Las personas jóvenes poseen un rol fundamental en la tarea de dar forma al nuevo proyecto de nación. Por esta razón, su participación debe considerarse como un derecho esencial para avanzar hacia una democracia efectiva y participativa, respondiendo con ello ante una deuda histórica para con este grupo poblacional, cuyas mayorías (72.9%) perciben todavía que su opinión es poco valorada por la mayoría de la gente.(12) Esta situación da cuenta del recelo que existe entre las juventudes por participar en los asuntos públicos, puesto que, aunque lo intenten, sienten que su opinión no tendrá impactos significativos. Participación electoral y democracia representativa En términos de la participación juvenil en procesos electorales federales, en 2018, de los 25.6 millones de personas entre 18 y 29 años de edad que estaban registradas en el Padrón Electoral,(13) solamente el 54% participó en la elección de Presidente de República, Senadores y Diputados Federales, cifra menor a la registrada en 2012, que fue de 54.3%.(14) A nivel estatal, la participación de las personas jóvenes en el proceso electoral federal de 2018 no fue uniforme, puesto que entidades federativas como Yucatán registraron niveles de participación juvenil de hasta 67.5%, mientras que en Sonora, la participación de este grupo poblacional fue apenas del 41%(15). Las cifras anteriores dejan ver los grandes desafíos que existen para impulsar la participación de las personas jóvenes en los procesos colectivos de toma de decisión, al tiempo que ilustran la falta de confianza que pesa sobre la participación electoral como un espacio real de incidencia en los asuntos públicos. En buena medida, esta situación ha sido resultado de la reproducción de prejuicios contra las personas jóvenes, del desdén histórico de las instituciones frente a sus causas y exigencias y de la agudización de sus carencias. Por lo anterior, el Gobierno de México asume el compromiso de impulsar acciones encaminadas a la promoción y salvaguarda del derecho a la participación de las personas jóvenes, reconociendo su protagonismo como agentes estratégicos para el pleno desarrollo del proyecto de transformación nacional y la regeneración del tejido social. Participación en organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos Es importarte reconocer que una de las grandes barreras que han desalentado la participación de las personas jóvenes se encuentra en las prácticas de discriminación institucionalizada que afectan a este grupo de población. El hecho de que solamente 4 de cada 10 personas que participan en organizaciones de la sociedad civil y una de cada 10 personas con capacidad de toma de decisiones sean jóvenes es prueba de ello. La situación dista de ser distinta en los partidos políticos, donde solamente dos de cada 10 personas involucradas son jóvenes. (16) Estos resultados dan cuenta de los rezagos que existen en materia de participación juvenil en las estructuras tradicionales de incidencia en los asuntos públicos. Así, una con otra, las distintas formas de exclusión se acumulan y agudizan, negando a miles de las personas jóvenes la posibilidad de participar activamente en la vida pública de sus entornos y en la definición del presente que atraviesan. En este contexto, es indispensable promover la existencia de más y mejores mecanismos de incidencia y participación para las personas jóvenes en procesos institucionales de toma de decisiones, no sólo aquellos desarrollados por las entidades y dependencias gubernamentales, sino también los que ocurren como parte del quehacer de la sociedad civil, la iniciativa privada, los gobiernos locales y demás formas de organización social. Esta nueva sensibilidad institucional a la participación juvenil permitirá transitar de la visión tutelar y contenciosa de la juventud que ha marcado por décadas la atención de las personas jóvenes en México a una nueva política nacional, basada en el reconocimiento de sus derechos y fortalecimiento de su capacidad de agencia. Pluralidad e interculturalidad de la participación de las personas jóvenes. Si bien en las últimas décadas la participación política de los pueblos indígenas se ha incrementado, si consideramos que un 13% de la población es indígena (alrededor de 16 millones) y que hasta la legislatura pasada, de 500 diputados sólo 8 eran indígenas, queda demostrado que aún falta un largo trecho por recorrer.(17) Lo anterior contrasta radicalmente con la riqueza de prácticas políticas y activa participación comunitaria con las que ancestralmente los grupos indígenas han dado forma a los asuntos públicos. Modelos de colaboración como el tequio o la asamblea constituyen un claro ejemplo del sentido de corresponsabilidad y comunidad que les caracteriza. En este sentido, el impulso a la participación juvenil deberá considerar el carácter multicultural de nuestra nación, garantizando mecanismos de participación adecuados a la realidad de regiones históricamente desiguales. Asimismo, deberá abrevar de los conocimientos, prácticas y sistemas normativos heredados por los pueblos indígenas de México, que han demostrado perdurar a través del tiempo. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos alcanzará a completarse sin el pleno reconocimiento de la pluralidad juvenil y de las múltiples causas que emanan de ella. Desde la denuncia contra los feminicidios encabezada por mujeres jóvenes, hasta la exigencia del combate a la discriminación impulsada por las personas jóvenes de la comunidad LGBTTTIQ+, en su diversidad, las personas jóvenes han sido factor sustantivo de los cambios que han sostenido en años recientes la protección de los derechos humanos y la defensa de la democracia. Por esta sola razón, es necesaria la existencia de instituciones públicas que reconozcan estos aportes y que los hagan suyos, como parte intrínseca de su transformación. Esta nueva conciencia de la relevancia estratégica del derecho a la participación para todas las juventudes constituye un importante hito que se desmarca radicalmente de los paradigmas empleados durante la época neoliberal, en la que gobiernos de todos los niveles optaron por cooptar la participación juvenil para beneficio de intereses privados antes que garantizar las condiciones para su desarrollo integral. Para ello, destinaron cuantiosos recursos para la formación de clientelas y corporaciones adeptas, en menoscabo de la ciudadanía activa. No obstante, cuando la manipulación no era posible, se recurría a la persecución, la represión y la criminalización de los movimientos de las personas jóvenes. Prueba de ello fue la persecución y criminalización de la que fueron víctimas las personas jóvenes durante los movimientos estudiantiles de 1968 y el de 1971; la aplicación de programas de asistencia pública que fueron utilizados con fines clientelares y de cooptación del voto de las juventudes más vulnerables e, incluso, el cerco informativo y cultural que se impuso a las expresiones musicales y artísticas juveniles que generaron un ostracismo tutelar e imposibilitaron el desarrollo de artistas mexicanos y mexicanas. Lejos de repetir estas prácticas nocivas, el Gobierno Federal privilegiará siempre en su diálogo con las juventudes el fortalecimiento de una nueva ciudadanía, sustentada en el acceso a información de calidad y la garantía de no represión ante la expresión pacífica de las ideas. Por tal, se impulsará la creación de más y mejores mecanismos de participación de las personas jóvenes en los asuntos públicos, así como fomentar una cultura cívica y de aprecio a la participación en la que se amplíe su presencia y participación en procesos institucionales de toma de decisiones de todo tipo y en todos los niveles. Así pues, frente a la tendencia histórica que encasilló a las personas jóvenes como grupos conflictivos y raíz de desorden social, el compromiso con la máxima garantía de participación de las personas jóvenes asumido por este gobierno abre paso a nueva concepción, basada en el reconocimiento de este grupo etario como una parte sustancial e irrevocable de un nuevo proceso de reconstrucción del tejido social, apoyando su participación como protagonistas de sus propios trayectos biográficos y del Nuevo Proyecto de Nación. Por todo lo anterior, el PROJUVENTUD reconoce el derecho a la participación de las juventudes en toda su diversidad no sólo como uno de los más importantes cimientos de la gobernabilidad democrática del país sino, sino también como desafío ineludible en la promoción de un nuevo diálogo entre sociedad y gobierno que permita identificar los retos y prioridades para alcanzar el máximo bienestar posible de todas las juventudes. 6.2.- Relevancia del objetivo prioritario 2: Disminuir la discriminación entre y hacia las juventudes para impulsar su inclusión e igualdad efectiva de oportunidades. En México, la discriminación ha sido definida como la práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no se percibe, pero hemos causado o recibido.(18) En ese sentido, todos los días hay personas y grupos que son víctimas de discriminación con motivo de su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condición de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil, entre muchas otras causas.(19) Por esta razón, las personas pueden pertenecer de manera simultánea a diferentes grupos discriminados pues pueden al mismo tiempo tener alguna discapacidad, ser hablante de una lengua indígena o identificarse como transexual. De esta forma, la interacción de categorías e identidades no solo agrava la discriminación,(20) sino que da origen a situaciones específicas de rezago, segregación, violencia o aislamiento que se traducen en desigualdades para el ejercicio pleno de derechos. Las relaciones económicas, políticas y sociales desiguales que caracterizaron por siglos el desarrollo de nuestra nación dieron forma a un conjunto de prejuicios y prácticas de discriminación institucionalizadas que han implicado la negación de derechos para grupos históricamente excluidos, como los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Desde el Sistema de Castas de la época colonial, hasta la política de despojo y precarización que provocó el neoliberalismo, la discriminación ha sido una barrera persistente que ha vedado el derecho al bienestar en igualdad de oportunidades para todas las personas que hacen este país. Desde hace décadas, este panorama de inequidad y exclusión ha hecho de las personas jóvenes uno de los grupos más afectados. De acuerdo con la ENADIS 2017, alrededor del 50% de las personas jóvenes entre 12 a 17 años perciben que son objeto de episodios de discriminación en su trabajo o escuela, así como en el transporte público o la calle, mientras que dan cuenta de bajos niveles de discriminación en servicios médicos u oficinas de gobierno. En contraste, el 30% de las personas jóvenes entre 18 a 29 años perciben discriminación en su trabajo o escuela. Sin embargo, más de la mitad se sienten discriminadas en el transporte público o la calle. Vale la pena subrayar que en este grupo se incrementa de forma considerable la percepción de discriminación en servicios médicos u oficinas de gobierno.(21) En ese sentido, los tipos y episodios de discriminación que sufren las personas jóvenes y juventudes varían también en función de la etapa de curso de vida en la que se encuentren. Esta situación es resultado de la vigencia de una concepción de juventud que la reduce apenas a una etapa de preparación hacia la vida adulta, un lapso uniforme de rebeldía y confusión que precisa de la atención tutelar de las personas jóvenes para adiestrarlos como "buenos ciudadanos" e introducirlos al mundo adulto. Ante las expresiones legítimas de búsqueda de una propia identidad y demanda de justicia y equidad enarboladas por las juventudes, esta visión alentó su desprecio y criminalización. (22) De esta forma, la discriminación de las personas jóvenes dio pie a una política de abandono y exclusión, alimentada por prejuicios y estereotipos adultocéntricos, que ha profundizado los obstáculos contra su ejercicio pleno de derechos. Ante ello, el objetivo 2: "Disminuir la discriminación entre y hacia las juventudes para impulsar su inclusión e igualdad efectiva de oportunidades" refiere al compromiso asumido por el Gobierno de México de combatir los prejuicios, brechas de desigualdad y demás prácticas discriminatorias que han pesado históricamente sobre los grupos juveniles, convertidas actualmente en verdaderos frenos para su bienestar integral. Ello sólo será posible a través de acciones transversales enfocadas en su inclusión efectiva, que busquen transformar radicalmente las formas y prácticas de discriminación que pesan sobre las personas jóvenes. Por desgracia, a pesar de los esfuerzos sociales e institucionales recientes por hacer visible la injusticia de los estereotipos aplicados contra las personas jóvenes, la realidad de la discriminación juvenil no ha logrado atenuarse y continúa siendo alarmante. De acuerdo con datos de la ENADIS, el 41.7% de las personas jóvenes considera que sus derechos se respetan poco o nada.(23) Por ello, lograr su plena inclusión implica reconocer también cómo las formas distintas de experimentar la juventud que conviven en el país se manifiestan a través de un mosaico diverso de aspiraciones, prácticas y problemáticas que demandan instituciones capaces de desarrollar acciones que respondan, en forma integral y diferenciada, a cada una de estas realidades, garantizando con ello el ejercicio efectivo de sus derechos sin distinción de ningún tipo. Lo anterior, necesariamente, deberá implicar el desarrollo de nuevas formas de planear, implementar y evaluar programas, políticas y procesos con impacto en población joven, lejos de modelos centrados en la generalización plana y adultocéntrica de "lo juvenil". En cambio, la política nacional de juventud se cimentará en la plena transversalidad de la perspectiva de juventudes, mediante la cual se garantizará su inclusión no sólo mediante la diversificación de programas dirigidos a personas jóvenes, sino a partir de una nueva política con, para y desde las juventudes, que atienda las transiciones estratégicas por las que transcurran sus trayectorias biográficas y reconozca sus voces y necesidades diversas. Una política centrada en la igualdad y ejercicio pleno de derechos para nunca más volver a darles la espalda. Esta transformación radical en la comprensión de la juventud será crucial para el bienestar de grupos históricamente discriminados, tales como las mujeres, indígenas y afrodescendientes, comunidad LGBTTTIQ+, personas con alguna discapacidad o que viven con VIH, y migrantes y refugiados; es decir, quienes han enfrentado con mayor severidad los efectos nocivos de la exclusión y empobrecimiento que imperó en el curso de los gobiernos neoliberales. De esta forma, el objetivo 2 se inscribe en el marco de acción del principio de No dejar a nadie atrás, no dejar nadie afuera, señalado en el PND, a partir del cual se afirma la responsabilidad del Gobierno de México de propugnar por la dignidad e igualdad sustantiva de todos los sectores sociales y rechazar cualquier forma de discriminación por características físicas, posición social, forma de hablar, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género u orientación sexual. Alcanzar la disminución de estas prácticas será posible sólo mediante el compromiso conjunto de entidades y dependencias gubernamentales, agrupaciones sociales, centros educativos y medios de comunicación que articulen una nueva mirada hacia las juventudes basada no sólo en la celebración de sus diferencias, sino en la conciencia de las carencias específicas que éstas han provocado a lo largo del tiempo. En este sentido, la política nacional de inclusión para las juventudes promoverá el desarrollo de acciones afirmativas encaminadas a mejorar el ejercicio de derechos de las personas jóvenes en aspectos tan importantes como la participación política, el acceso al empleo digno, educación de calidad y la atención integral de la salud. Asimismo, impulsará el reconocimiento de derechos a través de la generación de un nuevo marco normativo e institucional en materia de juventud, subrayando la importancia de desarrollar acciones diferenciadas para juventudes históricamente discriminadas. Finalmente, estimulará la formación, capacitación y sensibilización de funcionarios públicos de todos los niveles como condición central para la erradicación de prácticas discriminatorias y la transversalidad de la perspectiva de juventudes. La inclusión de las juventudes en un país tan diverso y desigual como el nuestro supone un reto mayúsculo. Sin embargo, es imposible soslayarlo más tiempo. Hacerlo implicará condenar a millones de personas jóvenes a la marginación y el abandono que caracterizó décadas anteriores. En cambio, es preciso garantizar el acceso a oportunidades y recursos suficientes para que personas jóvenes de todos los sectores participen plenamente en la vida económica, social y cultural de sus comunidades, pues de ello depende el bienestar de una generación y el futuro de la nación en su conjunto. 6.3.- Relevancia del objetivo prioritario 3: Promover el derecho de las personas jóvenes a una vida en paz y libre de violencia para posibilitar el pleno desarrollo de su proyecto de vida. Por sus condiciones específicas de precariedad y discriminación respecto a otros grupos etarios, las personas jóvenes están expuestas de forma cotidiana a ser víctimas o responsables de actos de violencia en el ámbito intrafamiliar, en sus relaciones afectivas o en sus contextos territoriales. La prevalencia de estos riegos obstaculiza su adecuado desarrollo y condiciona en gran medida sus transiciones en la definición de un proyecto de vida con bienestar. Una de las más graves secuelas de la exacerbación de la violencia sufrida durante las últimas décadas se observa en la intensificación de la persecución y represión ejercida contra personas jóvenes por parte de fuerzas policiacas y militares. Casos como la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, dan muestra de la descompo