PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

REGLAS de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el ejercicio fiscal 2022

REGLAS de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el ejercicio fiscal 2022.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- DESARROLLO TERRITORIAL.- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 ROMÁN GUILLERMO MEYER FALCÓN, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con fundamento en los artículos 14; 16; 17 bis, fracción III; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1; 74; 75; 77 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 176; 178 y 179 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3 y 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 27, 28 y 29 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, y 1; 3, 5; y 6, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y CONSIDERANDO
Que de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992), es un compromiso de los Estados tener en cuenta, en la medida de lo posible, las consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas y medidas sociales, económicas y ambientales pertinentes y emplear métodos apropiados, por ejemplo evaluaciones del impacto, formulados y determinados a nivel nacional, con miras a reducir al mínimo los efectos adversos en la economía, la salud pública y la calidad del medio ambiente, de los proyectos o medidas emprendidos por las partes para mitigar el cambio climático o adaptarse a él (Artículo 4, f); Que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en sus artículos 3 y 5, reconoce que deberán ser tomadas en cuenta todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el fin de gozar de sus derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre; Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem Do Para", suscrita por México en 1995 y ratificada en 1998, en su artículo 1, 2 inciso b, 3, 4 inciso a y c y 7 inciso b, establece que la mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, además del derecho a que se respete su vida, la libertad y a la seguridad personal, por lo que es un deber del Estado Mexicano condenar toda forma de violencia contra la mujer, además de la elaboración de políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia; Que el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, firmado en 1998, en su artículo 2, numeral 1, establece como un compromiso del Estado Mexicano, aplicar y/o seguir elaborando políticas y medidas de conformidad con sus circunstancias nacionales, entre ellas la (VIII) limitación y/o reducción de las emisiones de metano mediante su recuperación y utilización en la gestión de los desechos así como en la producción, el transporte y la distribución de energía; Que el 25 de septiembre de 2015, diversos actores internacionales, entre ellos México, adoptaron un conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una agenda de desarrollo sostenible; Que el 12 de diciembre 2015 se aprobó el Acuerdo de París dentro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21), ratificado por el Estado Mexicano. Este Acuerdo es un instrumento de alcance mundial para enfrentar de manera global el cambio climático, el cual busca que por lo menos 195 países reorienten su desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores emisiones y con capacidad de adaptarse a un clima más extremo, siendo uno de los principales compromisos de estos Estados, utilizar medio de transporte no contaminantes, como la bicicleta o caminar en lo posible para desplazarnos por nuestra ciudad; Que la Nueva Agenda Urbana se aprobó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) celebrada en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016, donde el Estado Mexicano formó parte, la cual busca promover ciudades más incluyentes, compactas y conectadas mediante la planificación y diseño urbano, gobernanza y legislación urbana, y la economía urbana, incorpora un nuevo reconocimiento de la correlación entre la buena urbanización y el desarrollo. Asimismo, subraya los vínculos entre la buena urbanización y la creación de empleo, las oportunidades de generar medios de subsistencia y la mejora de la calidad de vida, que deberían incluirse en todas las políticas y estrategias de renovación urbana; Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que los recursos económicos de que dispongan la Federación serán administrados con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados; Que el artículo 2, fracción LIII de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece cuales son las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general; Que los artículos 74 y 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria disponen que los titulares de las dependencias y entidades, con cargo a cuyos presupuestos se autorice la ministración de subsidios, son responsables de que se otorguen y ejerzan conforme a las disposiciones generales aplicables; así como que los subsidios están sujetos a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad; Que el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que las dependencias son responsables de emitir las reglas de operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el dictamen de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; Que el artículo 41, fracciones I y XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, entre otros asuntos, le corresponde elaborar y conducir las políticas de vivienda, ordenamiento territorial, desarrollo agrario y urbano; promover y coordinar con las entidades federativas, municipios y, en su caso, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la elaboración y aplicación territorial de criterios respecto al desarrollo urbano, la planeación, control y crecimiento de las ciudades y zonas metropolitanas del país, además de los centros de población en general, así como su respectiva infraestructura de comunicaciones, movilidad y de servicios, para incidir en la calidad de vida de las personas, y promover y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado; Que el artículo 4, fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano reconoce el Derecho a la Ciudad como un principio rector de la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, y lo define como la obligación del Estado de garantizar a todos los habitantes de un asentamiento humano o centro de población el acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento urbano y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México en la materia; Que el artículo 8, fracción IX de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano establece que a la Federación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, le corresponde promover y ejecutar la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el Desarrollo Regional, urbano y rural, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y las Demarcaciones Territoriales, y con la participación de los sectores social y privado, impulsando el acceso de todos y todas a los servicios, beneficios y prosperidad que ofrecen las ciudades; Que la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas indica que se reconocen a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público; utilizando la categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos reconocidos por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales en la materia; así como que los pueblos indígenas y afromexicanos, en ejercicio de su libre determinación tienen el derecho de autoidentificarse bajo el concepto que mejor se adapte a su historial, identidad y cosmovisión; Que el artículo 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres dispone que la Política Nacional en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres debe establecer acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en el ámbito, económico, político, social y cultural, conforme lo siguiente: fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre mujeres y hombres; y promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las mujeres y los hombres; Que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en su artículo 46 Ter, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano delinear, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, incluyendo a las de origen étnico y fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres que habitan en zonas rurales; Que el artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad dispone que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permita el libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, vigilarán el cumplimiento de las disposiciones que en materia de accesibilidad, desarrollo urbano y vivienda se establecen en la normatividad vigente; Que la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en sus artículos 2 y 3, refiere la prevención social de la violencia y delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan; así como que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de competencia, además de las Instituciones de Seguridad Pública, por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones contribuyan directa o indirectamente al cumplimiento de dicha Ley, debiendo observar como mínimo los principios de respeto irrestricto a los derechos humanos; integralidad; intersectorialidad transversalidad; trabajo conjunto; continuidad de las políticas públicas; interdisciplinariedad; diversidad; proximidad y transparencia y rendición de cuentas; Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 23 considera los criterios para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos; Que la Ley General de Cambio Climático, en sus artículos 29 y 34, contempla acciones de adaptación y mitigación; Que los artículos 3 y 37 de Ley de Planeación establecen que la Planeación Nacional del Desarrollo es la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base al ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, cuyo propósito es la transformación de la realidad del país, de conformidad con las normas, principios y objetivos que la propia Constitución y la Ley establecen; así como que el Ejecutivo Federal puede signar convenios de concertación de acciones con las comunidades indígenas, en todos aquellos asuntos que se consideren pertinentes, de conformidad con las leyes que rijan la materia de que se trate; Que el 22 de noviembre de 2021, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, considerando que México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y otros sectores prioritarios o estratégicos que contribuyen al crecimiento y a la seguridad nacional del país. De igual forma señala que es de interés público y de seguridad nacional el desarrollo y crecimiento de la infraestructura a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y que se traducen en un beneficio colectivo de todos los mexicanos; Que el acuerdo referido en el párrafo anterior, declaró de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, instruyendo a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados, supuestos en los que recae el Programa de Mejoramiento Urbano; Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de noviembre de 2021 establece en sus artículos 3, fracción XXI, 27, 28, 29 y anexos 25 y 26 que el Programa de Mejoramiento Urbano está sujeto a Reglas de Operación; así como que es un programa principal del Gobierno Federal;   Que el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) tiene como propósito que sus proyectos, acciones y apoyos, cumplan con lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en sus artículos 4 y 5, referentes a que toda política pública de ordenamiento territorial, desarrollo y planeación urbana y coordinación metropolitana deberá observar los principios de equidad e inclusión; el derecho a la propiedad urbana; coherencia y racionalidad; participación democrática y transparencia; productividad y eficiencia; protección y progresividad del equipamiento urbano y espacio público; resiliencia, seguridad urbana y riesgos; sustentabilidad ambiental, accesibilidad universal y movilidad, y Que, en ese sentido, y con el fin de brindar un programa de mejoramiento urbano que beneficie a la población del país, he tenido a bien expedir las siguientes REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO, PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2022
Contenido TÍTULO I. DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y SUS VERTIENTES CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 1.1     Diagnóstico 1.2     Problemática 1.3     Alineación 1.4     Glosario CAPÍTULO II OBJETIVOS 2.1     General 2.2     Específicos CAPÍTULO III LINEAMIENTOS GENERALES 3.1     Cobertura 3.2     Población Potencial 3.3     Población Objetivo CAPÍTULO IV VERTIENTES, MODALIDADES Y TIPOS DE APOYO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 4.1     Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios 4.2     Vertiente Regularización y Certeza Jurídica 4.3     Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial 4.4     Vertiente Obras Comunitarias CAPÍTULO V CRITERIOS GENERALES DE ELEGIBILIDAD 5.1     Elegibilidad de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. 5.2     Solicitudes para participar en el Programa 5.3     Criterios de priorización de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a elegir 5.4     Criterios de priorización de los proyectos y acciones de las vertientes Mejoramiento Integral de Barrios y Regularización y Certeza Jurídica 5.5     Criterios de priorización de las acciones de la vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial CAPÍTULO VI LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA VERTIENTE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 6.1     Tipos y Montos de Apoyo 6.2     Aportaciones locales y Obras complementarias 6.3     Requisitos de elegibilidad de los proyectos   6.4     Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias 6.5     Mecánica Operativa de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios 6.6     Ejercicio de los Subsidios 6.7     Redistribución o Reasignación de Recursos 6.8     Acta Entrega - Recepción e Informe de Resultados 6.9     Recursos no devengados 6.10    Cierre de Ejercicio 6.11    Expediente Técnico y de Contratación 6.12    Beneficiarios CAPÍTULO VII LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA VERTIENTE REGULARIZACIÓN Y CERTEZA JURÍDICA 7.1     Tipos y Montos de Apoyo 7.2     Requisitos de elegibilidad 7.3     Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias 7.4     Mecánica Operativa de la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica 7.5     Redistribución o Reasignación de Recursos 7.6     Revisión Técnica, Normativa, Jurídica y Presupuestal 7.7     Reporte de Avances 7.8     Comprobación del gasto 7.9     Recursos no ejercidos y/o inconsistencias detectadas 7.10    Cierre de Ejercicio 7.11    Registro de Personas Beneficiarias CAPÍTULO VIII LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA VERTIENTE PLANEACIÓN URBANA, METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 8.1     Tipos y Montos de Apoyo 8.2     Aportaciones Locales 8.3     Criterios de elegibilidad 8.4     Criterios de Priorización 8.5     Mecánica Operativa 8.6     Avances Técnico-Financieros 8.7     Reintegro de Recursos 8.8     Rescisión anticipada de servicios 8.9     Recursos no ejercidos 8.10    Cierre de Ejercicio 8.11    Control y Seguimiento CAPÍTULO IX LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE LA VERTIENTE OBRAS COMUNITARIAS 9.1     Tipos y Montos de Apoyo 9.2     Requisitos de elegibilidad de los proyectos 9.3     Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias 9.4     Mecánica Operativa de la Vertiente Obras Comunitarias 9.5     Ejecución de Proyectos 9.6     Radicación de Recursos   9.7     Liberación de ministraciones 9.8     Causas de incumplimiento, retención, suspensión de recursos y, en su caso, reducción de la ministración de recursos 9.9     Comprobación simplificada de recursos 9.10    Control de Gastos y de Rendición de Cuentas 9.11    Avances físico-financieros 9.12    Supervisión y Seguimiento 9.13    Administración de los Recursos 9.14    Acta de Término de Obras 9.15    Cierre de Ejercicio 9.16    Registro de personas beneficiarias CAPÍTULO X PROYECTOS INSTITUCIONALES O EXTRAORDINARIOS 10.1    Proyectos Institucionales o Extraordinarios CAPÍTULO XI ÁREAS E INSTANCIAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 11.1    Comité de Validación 11.2    Instancia Normativa 11.3    Unidad Responsable del Programa 11.4    Áreas Responsables de las Vertientes 11.5    Instancias Auxiliares 11.6    Instancias Solicitantes 11.7    Instancias Ejecutoras 11.8    Otras Instancias Participantes TÍTULO II. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS CAPÍTULO I GASTOS y EVALUACIÓN 12.1    Gastos de Operación del Programa 12.2    Evaluación 12.3    Monitoreo 12.4    Auditoría 12.5    Contraloría Social 12.6    Denuncias 12.7    Padrón de Beneficiarios del Programa CAPÍTULO II TRANSPARENCIA, BLINDAJE ELECTORAL, MECANISMOS PARA SU FUNCIONAMIENTO; ASÍ COMO PARA EL MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS EN ÉPOCA ELECTORAL EN COMICIOS FEDERALES Y LOCALES Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 13.1    Transparencia 13.2    Datos Personales y su protección 13.3    Difusión 13.4    Blindaje electoral y combate a la corrupción 13.5    Coordinación Institucional 13.6    Derechos Humanos TRANSITORIOS   ANEXOS TÍTULO I.
DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y SUS VERTIENTES
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
La forma acelerada de expansión de las ciudades en México y América Latina se caracteriza por un fenómeno de segregación(1) residencial, el cual se refleja principalmente en la presencia de viviendas con mayores ingresos en las zonas más céntricas y de viviendas con menores ingresos en las zonas periféricas de las ciudades.(2). A partir de dicha dinámica, se ha formado y consolidado un modelo de crecimiento urbano, disperso discontinuo y de baja densidad caracterizado por una planeación deficiente, en el que no solo se evidencia el alto índice de rezago urbano y social, sino también la perpetuación de desigualdad y exclusión territorial, irregularidad de la tenencia de la tierra, presencia de asentamientos humanos en zonas de riesgo, deficiente accesibilidad, desequilibrios ambientales, alta exposición a enfermedades y riesgos sanitarios, violencia e inseguridad, problemas de movilidad, infraestructura urbana y equipamientos deficientes, que en su conjunto dificultan el ejercicio del Derecho a la Ciudad. Actualmente, más de 92.7 millones de personas residen en 401 ciudades con población mayor a 15,000 habitantes que conforman el Sistema Urbano Nacional (SUN), esto es 74.2 por ciento del total nacional y se espera que para 2030 esta cifra alcance los 114 millones de personas.(3) De las ciudades, 74 son zonas metropolitanas, 132 conurbaciones y 195 centros urbanos(4). En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) tiene el firme compromiso de contribuir a disminuir el rezago urbano y social en los territorios de atención prioritaria de las ciudades del país, mediante la ejecución de obras de equipamiento urbano, espacio público, movilidad, certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, así como el fomento a la planeación urbana a nivel municipal, metropolitano y entidad federativa. Para ello, el Gobierno de México impulsó modificaciones normativas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la LGAHOTDU a fin de dotar a la SEDATU de las atribuciones suficientes para la ejecución de las obras y acciones. De acuerdo con lo anterior, la SEDATU, a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) promueve la atención de las necesidades de las personas que habitan en zonas que registran rezago urbano y social mediante intervenciones de mejoramiento urbano (mejoramiento integral de barrios, certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra), así como de planeación urbana, metropolitana, y ordenamiento territorial, con el objeto de reducir la brecha física y social en la aplicación de las políticas públicas urbanas. 1.1   Diagnóstico La dinámica de poblamiento de las ciudades en México ha generado un agudo problema de crecimiento urbano desordenado y no planificado, que ha implicado una distribución social específica del territorio. Este fenómeno condicionó geográficamente a las personas en situación de vulnerabilidad en las zonas periféricas y con menos dotación de servicios y equipamientos urbanos, mientras que, aquellos que cuentan con las mejores oportunidades fueron localizados en la zona central de las ciudades. La problemática derivada de esta configuración se refleja en desigualdades que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad, tales como, insuficiencia de infraestructura y equipamiento urbanos, deficiencias en movilidad irregularidad en la tenencia de la tierra, falta de oferta para acceder a suelo destinado a familias de menores ingresos, así como segregación y marginación espacial. Estos aspectos generan una profunda desigualdad en el acceso y ejercicio de las personas al derecho a la ciudad. Para el caso de certeza jurídica respecto de la propiedad de los inmuebles, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH 2020) indica que en el país existen cerca de 35 millones de viviendas particulares habitadas, de las cuales alrededor del 61.4 por ciento son propias y de éstas el 25.2 por ciento no cuentan con título de propiedad(5), lo que representa la carencia de servicios, de infraestructura y del acceso a los beneficios que ofrece la urbanización. Se estima que podrían existir entre 7 y 7.5 millones de predios no regularizados en las zonas metropolitanas del país(6), con una tendencia anual de crecimiento de 90 mil lotes en promedio que se suman a la irregularidad(7), con altos costos socioambientales y públicos.   La disposición y calidad de infraestructura básica y equipamientos urbanos son atributos fundamentales para asegurar el cumplimiento del disfrute equitativo y universal de los recursos, bienes, servicios y oportunidades que brindan las ciudades. Sin embargo, la expansión desordenada de las ciudades y las fuertes concentraciones poblacionales han derivado en una distribución insuficiente e inequitativa de infraestructura y equipamientos urbanos adecuados, lo cual ha generado zonas muy degradadas en términos sociales y ambientales, y que tienden a ubicarse en las periferias de la ciudad. La infraestructura y equipamiento que se observa en los entornos inmediatos a las viviendas no responde al mismo nivel de cobertura. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019(8) identificó que solo el 47.2% de la población mayor de 18 años en áreas urbanas de más de 100,000 habitantes, refirió estar satisfecha en términos generales con la calidad de los servicios básicos. Respecto a los parques y jardines públicos, 73.2% refirió contar con algunos de estos espacios cerca del lugar donde vive; 71.7% consideró que tienen horario accesible; 53.6% señaló que son limpios y tienen buena imagen y solo 31.1% que son seguros en términos de delincuencia. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) indica que, al mes de septiembre de 2021, el 64.5% de la población mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro, de la cual la percepción de inseguridad por parte de las mujeres es de 69.1% respecto al 58.8% de los hombres(9). A este respecto y durante el tercer trimestre del 2021, el 53.4% de la población de 18 años y más que salió diariamente de su vivienda, 62.6% son hombres y 45.9% son mujeres, siendo que el 64.1% de la población de 18 años o más, se sintió insegura.(10) Cabe mencionar que las problemáticas a causa de la falta de certeza jurídica en la propiedad y tenencia de la tierra, equipamiento urbano, espacio público, infraestructura y servicios urbanos, impactan de manera diferenciada en hombres y mujeres afectando el desarrollo personal y las oportunidades que permitan mejorar las condiciones de vida(11). En este sentido, el Programa Ciudades Seguras de la ONU plantea la necesidad de reconocer que "la división de roles de género se refleja en los espacios públicos, es discriminatoria y profundiza las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres".(12) Por otro lado, es importante mencionar que las entidades federativas, zonas metropolitanas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México enfrentan limitaciones para la elaboración y actualización de instrumentos de planeación territorial, en los ámbitos normativo, económico, técnico y político. Actualmente, de los 2,469 municipios en el país, únicamente 629 municipios tienen Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDU) publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y/o inscritos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC) o instancia equivalente, que por ende, son los únicos instrumentos de planeación municipal vigentes y con validez oficial, lo que conlleva a concluir que solo el 25.5 por ciento(13) de los municipios del país cuenta con un Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano. Referente a la planeación metropolitana, de las 74 zonas metropolitanas delimitadas por el Grupo Interinstitucional SEDATU-CONAPO-INEGI para el 2015, 33 de ellas han hecho esfuerzos para realizar instrumentos de planeación a nivel metropolitano, de los cuales 12 han sido publicados de 2009 a 2020 y 21 están en proceso de ser financiados con recursos del Fondo Metropolitano, recursos propios y PUMOT en ejercicios fiscales anteriores. Asimismo, son 14 las entidades federativas de las cuales no se tiene evidencia de algún instrumento de planeación territorial en el ámbito estatal. De los 17 restantes, los estados de México, Chihuahua, Guanajuato, San Luis Potosí y Veracruz actualizaron sus instrumentos de planeación posterior a la publicación de LGAHOTDU. 1.2   Problemática Las personas que habitan en territorios de atención prioritaria en condiciones de rezago urbano y social en municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México de las ciudades de 15,000 habitantes o más que forman parte del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, tienen acceso limitado a bienes, servicios y oportunidades. El rezago urbano y social es un fenómeno multiescalar y multifactorial resultado del crecimiento acelerado de los asentamientos humanos, la baja capacidad de planeación de los gobiernos locales, el bajo acceso que tienen las personas de menores ingresos al suelo, la segregación espacial, la marginación y finalmente el difícil acceso a bienes y servicios básicos que requieren las personas para lograr un desarrollo adecuado. Por un lado, las personas enfrentan un entorno deteriorado con una mínima o nula cobertura de servicios y equipamientos urbanos. En muchos casos no se cuenta con certeza jurídica en la tenencia de la tierra que brinde seguridad al patrimonio de las familias asentadas en dichas zonas. Por otro lado, los gobiernos locales enfrentan también limitaciones para la elaboración y actualización de instrumentos de planeación urbana. Por medio del Programa de Mejoramiento Urbano se busca mejorar las condiciones en el entorno inmediato de las viviendas, disminuir la irregularidad de la tenencia de la tierra, la deficiencia en infraestructura urbana y equipamientos, así como la ubicación de estos y la configuración urbana; disminuir los problemas de movilidad urbana limitada, las carencias de espacios públicos de calidad, que presentan las localidades urbanas con rezago urbano y social, para contribuir a mejorar el acceso y ejercicio del derecho a la ciudad; y finalmente, promover un desarrollo urbano ordenado y regulado que desincentive los asentamientos irregulares y la asignación ineficiente del suelo, que reduzca los impactos al medio ambiente, evitando la pérdida y degradación de los ecosistemas, y de suelo agrícola productivo y que disminuyan la desigualdad y exclusión territorial. 1.3   Alineación El Programa de Mejoramiento Urbano se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019 2024 (PND) publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 12 de julio de 2019, en específico en su apartado 2 Política Social, numeral VIII referente al programa de "Desarrollo Urbano y Vivienda". Asimismo, el Programa contribuye al Objetivo Prioritario 3 "Impulsar un hábitat asequible, resiliente y sostenible, para avanzar en la construcción de espacios de vida para que todas las personas puedan vivir seguras y en condiciones de igualdad" y a las Estrategias prioritarias 3.1, 3.4 y 3.5 del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2020-2024, publicado en el DOF el 26 de junio de 2020. El Programa tiene una estrecha vinculación con el Eje Nacional 1 "Estructuración Territorial. Es la identificación, localización, articulación y regulación de los usos del suelo en el Sistema Nacional Territorial que vincula a las redes de infraestructura con los nodos estratégicos, el equipamiento y los servicios en armonía con la preservación del ambiente" y el Eje Nacional 2 "Mejoramiento del bienestar de la población en el territorio nacional, garantizando la justicia socio-espacial y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en el marco del cambio climático, con el impulso de las fuerzas sociopolíticas, culturales, económicas y tecnológicas." y los objetivos 1.1 y 1.2 de la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2024. Se alinea también al Programa Institucional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable 2020-2024 (PI- INSUS), publicado en el DOF el 02 de diciembre de 2020, el cual establece como uno de sus objetivos prioritarios el contribuir al ejercicio del derecho a la propiedad urbana, a través de acciones de regularización para la población que carece de certeza jurídica del suelo que ocupa. Además, el Programa atiende lo dispuesto en la Política Nacional de Suelo (PNS) presentada el 11 de agosto de 2020, principalmente a través de su alineación con los principios 3, 5, 6 y 8. Las prioridades enmarcadas en dichos documentos son las pautas que en el marco del PMU se han retomado para orientar acciones que ayuden a contribuir a los objetivos establecidos en el PND. El PMU contribuye al Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2021-2024, publicado en el DOF el 08 de noviembre de 2021, en su Estrategia Prioritaria 1.5 "Proteger la infraestructura estratégica del país mediante la integración de criterios de adaptación en las fases de diseño, construcción, reconstrucción, mantenimiento y operación, para fortalecer su resistencia ante impactos del cambio climático". Asimismo, se alinea con los objetivos 1, 5, 11 y 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con la Nueva Agenda Urbana (NAU), en particular a los principios y compromisos 25, 35, 50, 52, 72, 77, 96 y 104. De la misma manera, el PMU está alineado al Objetivo 3 "Transitar a un modelo de desarrollo urbano orientado a ciudades sostenibles, ordenadas y equitativas, justas y económicamente viables, que reduzcan las desigualdades socioespaciales en los asentamientos humanos" y, a las Estrategias Prioritarias 3.2,3.4 y 3.5 del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024, publicado en el DOF el 02 de junio de 2021. Igualmente, el Programa contribuye al Objetivo 1 "Garantizar el ejercicio del Derecho a la Vivienda adecuada todas las personas especialmente a los grupos en mayor condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población.", Estrategia Prioritaria 1.4 del Programa Nacional de Vivienda 2021-2024, publicado en el DOF el 04 de junio de 2021.   Finalmente, el PMU se encuentra alineado al objetivo prioritario 6 "Construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes" y a la Estrategia Prioritaria 6.4 "Incorporar la perspectiva de género en el diseño, planeación y mejora de los espacios públicos para generar las condiciones que garanticen la seguridad, libertad, movilidad y disfrute de las mujeres y niñas en un medio ambiente sano", del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024. 1.4   Glosario I.          Acceso Universal: Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; II.         Acta de Aplicación y Control del Ejercicio: documento que se suscribe al cierre del ejercicio fiscal para certificar la aplicación de los recursos ejercidos por concepto de subsidio por Entidad Federativa. Se realiza por parte de las Instancias Ejecutoras del INSUS; III.        Actividades comunitarias: realización de acciones orientadas a la participación comunitaria en espacios públicos e infraestructura urbana, donde se implementarán técnicas y herramientas participativas que promuevan el diálogo, la cooperación, la mediación y el trabajo colectivo con actores locales, reconociendo su vinculación como actores estratégicos de las intervenciones; IV.        Acuerdo de Liberación del Subsidio de Regularización: documento comprobatorio del gasto, que formaliza los compromisos que asumen los involucrados para la entrega del subsidio por parte del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) a través de su Instancia Ejecutora, y en su caso, la recepción del mismo por parte de las personas beneficiarias, con el fin de otorgar un subsidio para cubrir las gestiones técnicas, jurídicas y administrativas, realizadas por el INSUS para la regularización de la tenencia de la tierra de la persona beneficiaria. Dicho documento hace constar que ha quedado totalmente formalizada la aplicación del subsidio; V.         Anexos de las Reglas de Operación: documentos que contienen información que complementa las disposiciones contenidas en las Reglas de Operación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las Presentes Reglas de Operación contienen los siguientes anexos necesarios para tramitar la solicitud y acreditar las potenciales personas beneficiarias;             Los formatos de anexos anteriormente descritos, así como todos a los que hacen referencia las presentes Reglas de Operación están disponibles para su consulta y/o descarga en el micrositio del Programa: http://mimexicolate.gob.mx/, y son los siguientes:
Formato
Anexo
Publicado en el micrositio
http://mimexicolate.gob.mx/
Anexo a las
Reglas de
Operación
PMU-01
Criterios para identificar manzanas con medio a muy alto grado de rezago urbano y social

PMU-02
Municipios y ciudades elegibles
-
PMU-03-MIB
Criterios generales para la elaboración del Plan de Acciones Urbanas (PAU), de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios
-
PMU-03-RCJ
Criterios generales para la elaboración del Plan de Acciones Urbanas (PAU), de la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica
-
PMU-03-PUMOT
Criterios generales para la elaboración del Plan de Acciones Urbanas (PAU), de la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial
-
PMU-03-OC
Criterios generales para la elaboración del Plan de Acciones Urbanas (PAU), de la Vertiente de Obras Comunitarias
-
PMU-04
Apertura Programática
-
PMU-05
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
-
MIB-01
Formato Anexo Técnico

MIB-02
Informe de Avance Físico-Financiero Trimestral

MIB-03
Informe de Cierre de Ejercicio

MIB-04
Modelo de Convenio Marco de Coordinación para la Distribución de Subsidios del Programa de Mejoramiento Urbano de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios (MIB)

 
MIB-05
Modelo de Convenio de Coordinación Específico para el Ejercicio de los Subsidios del Programa de Mejoramiento Urbano de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios (MIB)

MIB-06 A
Acta de Entrega-Recepción del Contratista a la Instancia Ejecutora

MIB-06 B
Acta de Entrega-Recepción de la Instancia Ejecutora a la Instancia Solicitante (Gobierno local)

MIB-07
Informe de Resultados de las Acciones

MIB-08
Manual de Operación de la Modalidad Participación Comunitaria
-
MIB-09
Criterios de los Anexos Transversales a considerar durante las etapas de planeación y diseño de los proyectos de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios para el ejercicio fiscal 2022

 
MIB-10
Directrices para proyectos ejecutivos y de obra

MIB-11
Diagrama de operación MIB

CJ-1A
Solicitud de Apoyo para el Tipo de Proyecto R-UH

CJ-1B
Solicitud de Apoyo para el Tipo de Proyecto R-UH-GP

CJ-1C
Solicitud de Apoyo para el Tipo de Proyecto R-SP

CJ-2
Censo de Uso y Posesión de Lotes

CJ-3 A
Cédula de Información de la vertiente de Regularización y Certeza Jurídica para el Tipo de Proyecto R-UH y R-UH-GP.

CJ-3B
Cédula de Información de la vertiente de Regularización y Certeza Jurídica para el Tipo de Proyecto R-SP

CJ-4
Carta Responsiva para la aplicación del subsidio

CJ-5
Programa de Acciones de la vertiente de Regularización y Certeza Jurídica

CJ-6 A
Anexo Técnico R-UH. Propuesta de Acciones

CJ-6B
Anexo Técnico R-UH-GP. Propuesta de Acciones

CJ-6C
Anexo Técnico R-SP. Propuesta de Acciones

CJ-7
Reporte de Avance financiero de la vertiente de Regularización y Certeza Jurídica

 
CJ-8 A
Acuerdo de Liberación del Subsidio de Regularización de lotes con uso habitacional

CJ-8B
Acuerdo de Liberación del Subsidio de Regularización de lotes con uso habitacional con gastos de particulares en vías de regularización

CJ-8C
Acuerdo de Liberación del Subsidio de Regularización de lotes con servicios públicos

CJ-9
Manifestación de Voluntad para la Aplicación del Subsidio Otorgado

CJ-10 A
Acta de Aplicación y Control del Ejercicio. Tipo de apoyo R-UH

CJ-10B
Acta de Aplicación y Control del Ejercicio. Tipo de apoyo R-UH-GP

CJ-10C
Acta de Aplicación y Control del Ejercicio. Tipo de apoyo SP

CJ-11
Conformación de Expediente Técnico

CJ-12
Criterios de Prelación Comprobatoria de la vertiente Regularización y Certeza Jurídica.

CJ-13
Diagrama de operación RCJ

PUMOT - 01
Oficio de Solicitud y Compromiso

PUMOT - 02
Propuesta Técnica

PUMOT-03 A
Oficio de Procedencia Técnica y Autorización cuando SEDATU sea Instancia Ejecutora

PUMOT-03 B
Oficio de Procedencia Técnica y Autorización cuando la Instancia Solicitante sea Instancia Ejecutora

PUMOT-03 C
Oficio de Procedencia Técnica y Autorización cuando el Gobierno Estatal sea Instancia Ejecutora, a través del esquema de células de especialistas

PUMOT-04 A
Pre-Convenio de Coordinación cuando SEDATU sea Instancia Ejecutora

PUMOT-04 B
Pre-Convenio de Coordinación cuando la Instancia Solicitante sea Instancia Ejecutora

PUMOT-04 C
Pre-Convenio de Coordinación cuando el Gobierno Estatal sea Instancia Ejecutora, a través del esquema de células de especialistas

PUMOT-05
Avance Técnico-Financiero

PUMOT-06
Formato de Cierre de Ejercicio

PUMOT - 07
Formato de Control y Seguimiento

PUMOT - 08
Diagrama de operación PUMOT

OC-01
Formato Anexo Técnico

OC-02
Informe de Avance Físico-Financiero Trimestral

OC-03
Informe de Cierre de Ejercicio

OC-04
Modelo de Convenio de Coordinación o Concertación Específico para el Ejercicio de los Subsidios del Programa de Mejoramiento Urbano de la Vertiente Obras Comunitarias (OC).

OC 05
Formato Convenio de Adhesión

OC 06
Formato inicio de obra

OC 07
Formato de seguimiento de obra

OC - 08
Formato de terminación de obra

OC - 09
Formato de avance para la Ministración y avance de Obra Comunitario

OC - 10
Relación de la Comprobación del Gasto por, obra y/o acción

OC - 11
Acta de Término

OC - 12
Certificado de Recepción de Subsidio

OC 13
Diagrama de operación OC

VI.          Aportación local o complementaria: la participación en recursos monetarios directos o en especie aportados por los gobiernos locales o por otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Organizaciones de la Sociedad Civil, organismos internacionales beneficiarios, personas beneficiarias u otros aportantes que se encuentren legalmente reconocidos y cumplan con la normatividad respectiva; VII.          Área Responsable o áreas responsables (AR): la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos (UAPIEP), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV) y la Dirección General de Desarrollo Regional, conforme a lo dispuesto en las presentes Reglas de Operación; VIII.         Asistencia Técnica: Especialista encargado del diseño y elaboración del proyecto de obra comunitaria, del seguimiento en la ejecución de obra comunitaria y verificación de